Explora 100 sentencias por materia o busca por concepto, número, ECLI o año. La selección reúne resoluciones de distintos años, incluido 2026. Cada reseña original identifica su fuente oficial y explica los límites del criterio.
100 sentencias mostradas
Se confirmó una pensión temporal mediante un juicio prospectivo apoyado en la trayectoria laboral, los ingresos y las posibilidades reales de superar el desequilibrio. La Sala valoró también el periodo previo de separación y dependencia económica, sin equipararlo automáticamente a convivencia matrimonial.
La Sala devolvió las actuaciones para resolver, con audiencia de las partes, la controversia sobre los apellidos del menor. Declarar la filiación y ordenar una rectificación registral genérica no justificaba excluir esa cuestión vinculada al nombre y al interés del hijo.
La Sala distinguió la posesión amparada por la cotitularidad y el usufructo de la posesión exclusiva como dueña. Explotar las fincas o atender gastos no acreditó, en este caso, actos inequívocos de exclusión de los demás titulares que permitieran adquirir toda la propiedad por usucapión.
El Supremo confirmó la protección de la legítima de los descendientes frente a una sustitución que beneficiaba al cónyuge viudo como fiduciario. La disposición testamentaria no podía diferir libremente la disponibilidad del tercio de mejora de los hijos en los términos discutidos.
Se reconoció la naturaleza compartida de un régimen que distribuía de manera sustancialmente paritaria la convivencia y los cuidados ordinarios. La denominación formal de custodia materna no podía prevalecer sobre el contenido efectivo de las medidas.
La Sala admitió computar en la herencia determinados alimentos que los abuelos pagaron por sus nietos en beneficio del padre obligado. En el supuesto, el hijo podía atender su obligación y la colación no dependía de una sentencia previa que hubiera cuantificado esos alimentos.
El Supremo anuló la decisión sobre visitas por no explicar suficientemente su suspensión y la situación posterior a las penas. Exigió atender al interés y a la audiencia de las hijas, y aclaró que el artículo 94 debe valorarse por los bienes protegidos, no solo por la denominación del delito.
El Supremo apreció falta de motivación al responder sobre una cláusula que reducía una atribución a la legítima estricta en determinados supuestos de impugnación. Al asumir su interpretación, distinguió esa previsión de una prohibición de acudir a los tribunales frente a nulidades legales.
Se corrigió la eficacia temporal atribuida a una pensión que no se había pedido en la demanda. La Sala recordó que esta medida requiere petición de parte y que no cabía mantener efectos de una prestación que no debió concederse de oficio.
El Supremo dejó sin efecto la conversión de una pensión indefinida en otra de dos años al no apreciarse un cambio sustancial que justificara la medida. La situación laboral y de salud examinada no permitía un pronóstico fundado de autonomía económica en ese plazo.
La Sala fijó un uso temporal de la vivienda tras ponderar la titularidad, los recursos de los progenitores, la escolarización y las necesidades concretas de los hijos. La discapacidad de uno de ellos se estudió por su repercusión efectiva en los cuidados, sin presumir una atribución adicional automática.
La Sala consideró que determinados actos acreditaban la aceptación tácita de la atribución recibida por la viuda. Al integrarse esos bienes en su herencia, reconoció la intervención del legatario de parte alícuota en la liquidación que afectaba al patrimonio de la causante.
La Sala consideró jurídicamente insuficiente valorar el deseo de contacto del padre sin atender a los incumplimientos acreditados: exposición a violencia, falta de cuidados y perjuicio emocional. El interés de la hija exigía una respuesta protectora más intensa.
El Supremo rechazó la custodia compartida ante una condena por injurias y vejaciones y la ausencia de cooperación parental. Recordó que el régimen requiere implicación y respeto, más allá de distribuir tiempos de convivencia.
Se rechazó devolver pensiones pagadas mientras seguía siendo eficaz la sentencia que las mantenía. La resolución de apelación que declaró la extinción por cambio económico no había dispuesto efectos anteriores a su fecha.
La Sala distinguió los efectos de la sustitución vulgar según la parte de la herencia. En el testamento examinado, la legítima estricta repudiada correspondía a los colegitimarios, mientras los descendientes sustitutos recibían la mejora y la parte libre previstas.
Al fallecer el usufructuario se extinguió el derecho a los dividendos reservado sobre las acciones. Las cantidades percibidas después por su viuda constituían deuda de su herencia; los herederos que aceptaron a beneficio de inventario no debían responder con su patrimonio particular.
El Supremo protegió a quienes compraron a título oneroso confiando en el Registro, que atribuía pleno dominio al vendedor. Conocer que estaba divorciado no bastaba para destruir la buena fe ni imponía investigar cualquier eventual participación ganancial no inscrita.
Se corrigió la continuidad del uso sin límite tras alcanzar la hija la mayoría de edad. La Sala no aceptó vincularlo a una liquidación ganancial de duración incierta y concedió un periodo transitorio de seis meses en las circunstancias del expediente.
La Sala examinó el reconocimiento conforme al Convenio de La Haya de 2007. No apreció incompatibilidad con unas medidas españolas posteriores ni indefensión; la capitalización de alimentos estaba motivada por las necesidades de los hijos y los incumplimientos acreditados.
La Sala mantuvo la nulidad de una partición realizada con mala fe y lesión de los derechos de la legitimaria intencionalmente omitida. La conservación de las particiones no impide invalidarlas cuando no existe otro remedio adecuado.
La impugnación procesal no logró neutralizar una cláusula del convenio que cerraba las adjudicaciones y renunciaba a reclamaciones posteriores. La Sala destacó que no se habían articulado argumentos sustantivos contra su validez y eficacia.
Los gastos generales de propiedad abonados por una excónyuge antes de liquidar debían computarse en el pasivo correspondiente. La obligación deriva de la titularidad del inmueble y no, por sí sola, de quién lo utiliza.
El Supremo diferenció la partición del testador de la realizada por contador-partidor. Esta última puede quedar sujeta a la rescisión por lesión superior a la cuarta parte; devolvió el asunto para comprobar si la lesión alegada estaba acreditada.
Se mantuvo el carácter oneroso del contrato por el que un padre transmitió bienes a una hija a cambio de asistencia y compañía. Los cuidados personales y afectivos podían integrar la contraprestación, distinta de los alimentos legales entre parientes.
Al tratarse de un trabajo en interés común, los honorarios no deducidos previamente de la herencia podían reclamarse a cada heredero en proporción a su participación. La función del contador no se equipara sin más a la de un perito.
La cuantía incrementada por la Audiencia debía operar desde su sentencia, mientras la fijada inicialmente se debía desde la demanda. Debían descontarse los pagos ya efectuados para evitar duplicidades.
La Sala rechazó imputar exclusivamente a los hijos una ruptura afectiva nacida en un divorcio muy conflictivo. Valoró la conducta del padre y la vulnerabilidad de los hijos, sin identificar automáticamente falta de contacto con causa válida de desheredación.
La falta consciente de vínculo biológico no determinaba por sí sola la nulidad del reconocimiento. La Sala examinó su finalidad, la convivencia y el beneficio para la niña, sin apreciar en el supuesto fraude ni contradicción con los límites legales.
El Supremo rechazó la alternancia de los padres en la misma casa porque no había acuerdo ni recursos suficientes para sostenerla. La conveniencia de la custodia compartida no resolvía esas dificultades.
El pago con dinero ganancial de un préstamo personal destinado a adquirir la vivienda familiar podía generar una participación ganancial proporcional, como sucede con las amortizaciones hipotecarias. La Sala atendió al destino económico de la financiación.
La responsabilidad del marido por una actuación fiscal ilícita como administrador no se trasladó al patrimonio ganancial. No se había demostrado que el comportamiento hubiera producido un beneficio para la comunidad.
El proceso para determinar si era necesario el asentimiento no permitía dejar sin efecto una declaración de desamparo ni ordenar el retorno familiar fuera del objeto debatido. La protección del menor exigía además una ponderación fundada.
La anotación de embargos sobre todo un bien común por deudas exclusivas posteriores no justificaba inventariar un crédito contra el deudor. La vía adecuada examinada era la tercería para limitar la traba a su cuota abstracta.
La Sala ponderó una referencia tangencial a una menor en una información centrada en adultos. En las circunstancias examinadas, sin nuevos datos identificativos y sobre aspectos previamente divulgados, no apreció intromisión ilegítima.
El cotitular que disfrutaba del uso exclusivo consentido pudo reclamar frente a la hija que ocupaba por tolerancia. El otro cotitular no podía imponer unilateralmente una cesión gratuita de diez años contraria al reparto pacíficamente aceptado.
El Supremo confirmó la guarda materna porque la resolución recurrida había explicado circunstancias concretas contrarias a la custodia compartida. El archivo del procedimiento de violencia de género no convertía ese régimen en obligatorio.
Para la acción examinada, el conocimiento de hechos suficientes para sostener la posible paternidad iniciaba el plazo. Esperar a obtener certeza mediante prueba biológica no permitía desplazarlo cuando el demandante ya conocía esos hechos.
La pertenencia de una cuota a una herencia pendiente no impedía al titular de otra cuota pedir la división. La Sala preservó los derechos de los futuros adjudicatarios y recordó la capacidad procesal de la herencia yacente.
La Sala permitió examinar una pretensión de custodia introducida después de la demanda porque afectaba a la menor y había sido debatida. Devolvió las actuaciones para decidir la apelación, atendiendo a la flexibilidad propia de estos procesos.
La necesidad habitacional podía justificar un uso temporal, pero no un mejor derecho al lote más conveniente al liquidar. Debían aplicarse las reglas de formación y adjudicación de lotes; los honorarios comunes del contador no eran costas procesales.
Al pasar de custodia compartida a guarda materna, el Supremo rechazó retrotraer la pensión a la demanda cuando hasta la apelación se habían seguido prestando alimentos mediante la convivencia alterna.
Se anularon actuaciones por defectos relevantes en la notificación al demandado residente en Turquía. Ni el envío postal sin receptor identificado ni un correo marcado como leído garantizaban el conocimiento efectivo y la documentación traducida.
La protección reforzada de los hijos alcanzaba la violencia en su entorno de convivencia, aunque el autor no fuera su progenitor. La Sala atribuyó la custodia al padre ante los riesgos acreditados y mantuvo comunicación amplia con la madre.
Se rechazó una pretensión sobre seguro privado formulada como modificación sin justificar el cambio que la sustentaba. Alegar que el reparto ya estaba acordado exigía identificar el título y el cauce de cumplimiento, no dar por existente una medida ausente de la sentencia.
La sentencia de apelación se anuló al cambiar la custodia sin escuchar a la hija ni justificar la omisión. El derecho de la menor debía garantizarse de oficio, con independencia de las posiciones procesales de los progenitores.
Se admitió pedir turnos de uso frente a la ocupación exclusiva de una excónyuge, pese a haber caducado la ejecución de una división anterior por inactividad de ambos. No se apreció renuncia ni abuso en reclamar una solución a la copropiedad subsistente.
La Sala mantuvo la pérdida del beneficio ante operaciones desleales que reducían el valor de la sociedad cuyas acciones integraban la herencia. Utilizar sociedades vinculadas no protegía al heredero frente a actos en provecho propio y perjuicio del caudal.
En el supuesto, no era exigible tramitar una liquidación sin bienes ni otras partidas pendientes. Quien había asumido el préstamo común, con liberación bancaria de la otra parte, podía reclamar la contribución correspondiente sin presumir una renuncia.
La Sala rechazó aplicar una regla sobre bienes cedidos a la Administración para cancelar la carga de repartir rentas establecida por la testadora. Distinguió la afectación de un bien a un uso público de la obligación testamentaria concreta examinada.
El padre pudo actuar individualmente en defensa de la vivienda común frente al hijo sin título, cuya convivencia conflictiva le había obligado a salir. No se exigió que demandara también la entidad curadora de la esposa, según el alcance de sus funciones.
La Sala mantuvo las visitas con prevenciones y control judicial, atendiendo a la situación actual y a las dudas sobre la pendencia del antiguo procedimiento penal.
Al liquidar los gananciales antes de repartir una herencia, la Sala mantuvo el carácter ganancial de depósitos cuyo supuesto origen privativo no se había probado.
La Sala mantuvo el cambio de convivencia de un hijo adulto atendiendo a sus necesidades actuales, su voluntad y la aptitud de ambos progenitores. También ordenó comunicar la resolución al órgano competente para revisar las antiguas medidas de capacidad.
La Sala mantuvo los alimentos: el deterioro de la relación no era exclusivamente atribuible a la hija y existían episodios recíprocos de hostilidad. También recordó que la casación no permite reconstruir libremente los hechos probados.
El Supremo corrigió la clasificación de libros de texto y matrículas como extraordinarios, por pertenecer a la educación ordinaria. En cambio, mantuvo la solución sobre las actividades extraescolares examinadas al no constar la previsibilidad que sostenía el recurso.
La Sala admitió la compatibilidad con la agravante de superioridad cuando existían circunstancias que la sustentaban independientes de los actos de violencia del delito. La justificación requería identificar esa base fáctica diferenciada.
El Tribunal destacó dos exigencias para valorar mensajes: que procedan realmente de su autor aparente y que el contenido no haya sido alterado. La facilidad de aportar una captura no resuelve por sí sola esas cuestiones.
La respuesta judicial ante denuncias de violencia sexual debía atender a la vulnerabilidad y al contexto. La Sala destacó la obtención diligente de información, la comprobación de circunstancias periféricas y medidas para reducir la victimización durante el proceso.
Se confirmó una condena por coacciones: las dudas sobre un contrato no podían resolverse unilateralmente con violencia o intimidación. La titularidad de un derecho no legitima cualquier medio para hacerlo efectivo.
La Sala rechazó dar por probado el escenario de mayor responsabilidad cuando las evidencias eran igualmente compatibles con una alternativa menos incriminatoria. La conclusión sobre el conocimiento del riesgo requería un fundamento probatorio suficiente.
La Sala recordó que la pensión no iguala patrimonios ni salarios. En el caso apreció un desequilibrio ligado a los años de cuidado familiar, la ausencia de ingresos y las limitadas posibilidades de generar recursos propios.
La Sala situó la intimidad en el centro de la protección penal de la morada. Entrar en la vivienda ajena sin consentimiento expreso o tácito podía integrar el tipo sin exigir una finalidad subjetiva especial.
Para el subtipo analizado, el vínculo afectivo debía superar la mera amistad. En el caso se apreció en un noviazgo de dos años y medio con continuidad, habitualidad y vocación de permanencia.
La entrada y registro del domicilio no sustituye la habilitación judicial para acceder a los dispositivos. La resolución debe justificar el acceso y análisis del material electrónico, en la misma autorización o en otra diferenciada.
No se mantuvo la condena por quebrantamiento porque la sentencia absolutoria anterior no había conservado expresamente la medida cautelar. La pendencia de recurso no sustituía el pronunciamiento exigido para prolongarla.
El defecto de audio de una exploración no invalidó por sí solo la prueba en el supuesto examinado. El tribunal había oído directamente a la víctima con contradicción y no había fundado la condena en la información inaudible.
La Sala examinó la competencia española partiendo de los hechos fijados sobre la residencia de la menor en Italia al producirse la no devolución. Diferenció revisar la competencia de volver a determinar en casación el lugar de los hechos.
La Sala recordó que grabar una conversación de la que se participa no vulnera por sí mismo el secreto de las comunicaciones. Distinguió supuestos de provocación, investigación oficial y afectación al núcleo de la intimidad que requieren un análisis específico.
La Sala dejó sin efecto un límite de dos años porque no se habían acreditado circunstancias que justificaran apartarse de la protección habitacional de los hijos menores. La sentencia analiza la vivienda familiar y las alternativas realmente disponibles.
El Supremo rechazó limitar la pensión hasta liquidar los gananciales cuando no había una previsión suficientemente fundada de superar el desequilibrio. La edad, la falta de formación y la larga dedicación familiar pesaron en la decisión.
El Constitucional confirmó la constitucionalidad de la regulación sobre visitas cuando existe proceso penal o indicios fundados de violencia. Su lectura exige atender a la intervención judicial y a las excepciones legales motivadas en el interés del menor.
El Supremo confirmó la invalidez de una cláusula porque no se probó maltrato ni daño psicológico imputable a las nietas. El distanciamiento familiar no permitía crear una nueva causa de privación de la legítima.
La Sala reconoció la aplicación del derecho de reembolso al dinero privativo de una indemnización por lesiones destinado a adquirir bienes gananciales. La ausencia de reserva no eliminaba el crédito previsto legalmente.
El criterio recogido por el estudio oficial describe la violencia habitual como un clima de sometimiento que puede construirse mediante violencia física, verbal, psicológica o sexual. La perspectiva conjunta permite valorar la continuidad del daño familiar.
El Pleno declaró que quien había ejercido la acusación particular no recuperaba la dispensa por renunciar después a esa posición. La decisión cambió el criterio anterior para el supuesto estudiado.
El Supremo incluyó las cuotas hipotecarias judicialmente establecidas como prestación económica en el análisis del artículo 227 del Código Penal.
La Sala consideró consumada la comunicación mediante una llamada no atendida cuando podía identificarse su procedencia. No era necesario que hubiera conversación.
El Pleno distinguió entre atribuir carácter ganancial a un bien y renunciar al reembolso del dinero privativo empleado. Acreditada su procedencia, el aportante puede tener un crédito aunque no hiciera reserva expresa al comprar.
La Sala mantuvo la desheredación al apreciar una conducta injustificada de menosprecio y abandono imputable a los hijos, con el alcance de maltrato psicológico exigido por su doctrina. No bastaba reducir el análisis a la existencia de insultos.
El Constitucional consideró válida la documentación de la exploración en jurisdicción voluntaria. La protección de la intimidad del menor debe conciliarse con el conocimiento procesal de lo relevante y la posibilidad de contradicción.
La Sala rechazó exigir una finalidad específica de humillación para la agravante de género en el caso examinado. Importó la conducta y el contexto discriminatorio acreditado, no la explicación alternativa del motivo sexual.
El Supremo exigió prueba rigurosa de que la ruptura de la relación era principal y relevantemente imputable a los hijos. Al no quedar acreditado en esos términos, no admitió extinguir los alimentos por esa causa.
La Sala indicó que debe seguirse la forma de medición fijada en la resolución y, si no la precisa, medir en línea recta.
Para el delito del artículo 153 examinado, el Pleno no exigió acreditar un ánimo adicional de dominación o machismo más allá de los elementos del tipo.
El Supremo confirmó la extinción del uso al liquidarse los gananciales, al apreciar que la convivencia estable con una nueva pareja había cambiado el carácter familiar de la vivienda. Se atendió también a alternativas para cubrir la habitación de los hijos.
La Sala destacó la posición de quien ha sufrido directamente la agresión al valorar su declaración. Esa perspectiva permite entender circunstancias de la narración sin convertir el testimonio en una prueba automática o exenta de contraste.
La Sala respetó una duración de siete años porque la Audiencia había explicado prudentemente la previsión de superar el desequilibrio, considerando edad, recursos y posibilidades laborales. La temporalidad dependió de esa valoración, no de una duración predeterminada.
La Sala rechazó extender automáticamente una limitación para actos patrimoniales a la facultad personal de testar. Lo decisivo era la aptitud concreta al otorgar el testamento y las garantías aplicables entonces.
El Pleno admitió asimilar al trabajo para la casa la colaboración en negocios familiares desarrollada en condiciones laborales precarias, a efectos de la compensación del artículo 1438 del Código Civil.
Se anuló una custodia compartida que ninguno de los progenitores mantenía solicitada. El interés del menor no elimina por sí solo los presupuestos legales para acordar ese régimen.
El Constitucional anuló una decisión de retorno porque no ponderó suficientemente la integración actual de la niña tras la dilación del procedimiento. Exigió una motivación que examinara efectivamente las circunstancias relevantes para su interés.
El Supremo admitió considerar la convivencia anterior al matrimonio cuando ambos periodos se habían sucedido sin interrupción, al decidir sobre la pensión compensatoria derivada de la ruptura matrimonial.
La doctrina recogida en el resumen oficial distingue los gastos educativos periódicos y previsibles de los extraordinarios imprevisibles. Los del comienzo del curso deben considerarse al calcular la contribución mensual a los alimentos.
El Constitucional anuló unas visitas que trasladaban genéricamente a los abuelos el régimen de un progenitor no custodio. Reconocer el vínculo no dispensaba de explicar la extensión y el contenido adecuados para esos menores.
El Supremo sistematizó los criterios para valorar la custodia compartida: cuidados previos, aptitudes parentales, necesidades del hijo, informes y respeto entre los progenitores. La consideró una solución normal y deseable cuando sea viable y beneficiosa.
El Constitucional anuló la exigencia de que el informe fiscal fuera favorable para acordar la custodia compartida sin acuerdo parental. La decisión sobre el régimen corresponde al órgano judicial con motivación suficiente.
El Supremo declaró que la compensación por trabajo doméstico en separación de bienes no exige acreditar un incremento patrimonial del otro cónyuge. Su doctrina sobre dedicación doméstica debe leerse con las matizaciones posteriores, entre ellas la STS 252/2017.
El Constitucional desestimó la cuestión sobre el artículo 153.1 del Código Penal y consideró compatible con la igualdad el tratamiento diferenciado examinado. La justificación se vinculó al significado y a la lesividad de esa violencia.
El Constitucional protegió la tutela judicial en un proceso de filiación: la negativa injustificada a colaborar con una prueba biológica debía valorarse junto con las demás pruebas. No podía hacerse recaer sin más sobre la hija la dificultad creada por esa negativa.